Unos 50 mil colombianos que habían sido nacionalizados en nuestro país, fueron desactivados por el Saime y el CNE, la mayoría de los afectados reside en Táchira y Zulia
Más de 50 mil colombianos con nacionalidad venezolana no podrán ejercer su derecho al voto el próximo 15 de octubre en las elecciones regionales porque les cancelaron su documento.
"La mayoría de estos ciudadanos están en la frontera de Táchira y Zulia", así lo denunció Walter Márquez, diputado jubilado, quien agregó que los seriales anulados son los que van del 22 al 26 millones de cédulas expedidas desde el 2004 y publicadas en Gaceta Oficial.
La información publicada por Radio Fe y Alegría Noticias, destaca que del total de afectados la mitad, "unos 25 mil colombianos nacionalizados residen actualmente en el Estado Táchira", señaló Márquez.
La información publicada por Radio Fe y Alegría Noticias, destaca que del total de afectados la mitad, "unos 25 mil colombianos nacionalizados residen actualmente en el Estado Táchira", señaló Márquez.
Explicó además que ese número de personas, en una elección cerrada, tiene los votos que el gobierno sabe que tiene perdidos debido a las muchas situaciones que afectan a los habitantes de la frontera como el cierre de la misma, falta de calidad de vida, inflación y escasez de alimentos.
Esta acción la catalogó Márquez como una persecución política y fraude electoral, medida ejecutada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), alegando que habían irregularidades cuando no se cumplió con el debido proceso, pero según los casos revisados al azar por Márquez, esto es falso.
Resaltó el parlamentario que muchos de los afectados han sido miembros o testigos de mesa y han ejercido su derecho al voto en años anteriores.
El CNE también borró los registros de los afectados por la medida |
Walter Márquez indicó que harán la respectiva denuncia que ante la Cancillería colombiana para que defienda los derechos de sus connacionales y ante la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela y la Defensoría del Pueblo porque se habla de un crimen de lesa humanidad ya que se están violando el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la nacionalidad.
Ysaura Vega Lizardi/Perijaneros.com