Los constantes robos y matanza de ganado en potreros mantienen una alta impunidad en toda la subregión Perijá
A pesar de las denuncias de los productores agropecuarios por el robo continuado de sus rebaños, las autoridades militares no responden; Dirigentes gremiales calculan que más de tres mil reses fueron sustraídas de los fundos desde el año pasado, la mayoría de las reses son conducidas por las trochas hacia Colombia.
A un mes desde que se ejecutó el masivo robo de 350 reses en las fincas Bella Vista, Arenales y El Porvenir, solo se realizó un operativo dirigido por Biagio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público del estado Zulia, y varios comandantes de la GNB y Ejército, sobrevolaron el macizo montañoso, señalando que “rescataron 150 reses y detuvieron a varias personas” (no se dio el número), porque “no permitiremos que se roben el ganado y que se lleven nuestra producción”, sentenció el alto funcionario.
A pesar de todo, la situación delictiva continuó no solo en la zona de El Tukuko en Machiques, sino también en Rosario de Perijá, donde se han producido abigeato y sacrificio de reses y borregos.
En las fincas San Andrés y Paraíso se robaron hace dos días, 232 animales. El modus operandi es similar, las arrean por las trillas que van hacia la frontera con Colombia.
"Hay complicidad de grupos indígenas yucpas con los irregulares armados en la zona", denunció el alcalde Alfonso “Toto” Márquez, quien como autoridad municipal hace un llamado a las autoridades competentes para que dirijan la mirada hacia este importante sector productor de alimentos.
Alertó que “pareciera que la impunidad campea a lo largo del eje Machiques-Tokuko porque en las últimas semanas han sido robadas nueve fincas, con la gran escasez de alimentos no entendemos por qué el Gobierno no le pone coto a este problema”. El burgomaestre denuncia que los afectados han puesto la denuncia en la Fiscalía pero no se ven los detenidos y tampoco los buscan.
Para el abogado y productor agropecuario Alfonso Chacín, asesor jurídico de Gadema, en esos territorios tiene que haber Estado y Gobierno porque por ser zona de demarcación indígena, no la exime del cumplimiento de la justicia ordinaria.
"Tiene que haber justicia y así lo reza el artículo 131 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, no puede haber un estado dentro de otro Estado”.
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